Casi resulta un lugar común sostener que la administración de justicia es ineficiente, lenta y costosa; que los procesos judiciales se retardan indefinidamente; y que en muchas ocasiones se renuncia a ejercer el derecho de acción, simple y llanamente porque la posibilidad de obtener una pronta decisión del pleito es, cuando menos, remota.

Estamos frente a un problema endémico, que ha sido resistente al tiempo y a los intentos, en su mayoría tímidos, de superarlo. La lentitud de la justicia es un mal del siglo pasado y pareciera querer mantenerse en el presente con más fuerza que nunca.

En nuestro país se han aplicado algunos paliativos para alcanzar la ansiada administración de justicia eficiente, rotulada hoy en día, como tutela judicial  fectiva. El amparo constitucional y el uso cada vez más frecuente del poder cautelar de los jueces, han contribuido, es bueno reconocerlo, a aliviar la crisis del sistema judicial y a lograr, en un buen número de casos, la referida tutela judicial efectiva.